Parlamento calificó de 'falta grave' dar libre acceso a capo a oficinas
judiciales
Autoridades ticas lo vigilan desde el 2 de abril, pues no hay una orden
de arresto
El expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de
Venezuela fue destituido el martes 20 de marzo por su presunta relación con un sospechoso
de narcotráfico.
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Trece días después, el lunes 2 de abril, llegó a Costa Rica, confirmaron Mauricio Boraschi, viceministro
de la Presidencia y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); y el Ministro de Seguridad,
Mario Zamora.
Ambos precisaron que Eladio Aponte Aponte, de 63 años, arribó a las 5:22 p. m. en un vuelo procedente
de Panamá, aunque se cree que antes estuvo en Dominicana.
Aponte entró con visa de turista y, por tanto, puede permanecer aquí en esa condición por 30 días. Ayer,
no fue posible ubicarlo.
Antecedente. El diario venezolano El Nacional informó de que la investigación contra Aponte se inició
en abril del 2011.
En ese momento trascendió que presuntamente mantuvo contactos con Walid Makled, venezolano al que
Colombia y Estados Unidos atribuyen tráfico de cocaína hacia Norteamérica.
El diputado de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), José Javier Morales, aseguró
a la prensa que en documentos encontrados en la residencia de Makled "se halló una credencial
correspondiente al 20 de julio de 2004 en el que se le acreditaba como asistente del despacho del Fiscal
General Militar (cargo que Aponte ocupaba en ese entonces), e invitaciones a fiestas hechas por Aponte".
La identificación le dio acceso a Makled a despachos judiciales y a circular por el país sin restricción .
Makled, quien ha reconocido que antes de su captura tenía una fortuna de $1.200 millones, es juzgado en
Caracas desde el 9 de abril por homicidios, tráfico de drogas y legitimación de capitales.
Él fue detenido en Colombia en agosto del 2010, que lo extraditó a Venezuela. A él se le vincula al
asesinato del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal.
Aponte ha negado haber dado la credencial, pero al denunciarse la aparición del documento, el caso
pasó al Consejo Moral Republicano, organismo integrado por la defensora del Pueblo, Gabriela
Ramírez; la fiscala general de la República, Luisa Ortega Díaz; y la contralora encargada, Adelina
González.
Este consejo solicitó el 6 de marzo a la Asamblea Nacional (Parlamento) la destitución del entonces
magistrado, quien estaba en el cargo desde enero del 2005.
El 20 de marzo pasado, la Asamblea Nacional (AN) calificó como "falta grave" la actuación del
magistrado y ordenó su separación, la cual se hizo efectiva, al día siguiente según una publicación
en La Gaceta Oficial de Venezuela.
La Asamblea Nacional también remitió el expediente al Ministerio Público para que se determine si,
además de la sanción administrativa impuesta, existen hechos que constituyan delito. Hasta ayer, la
Fiscalía de ese país no se había pronunciado sobre este asunto.
Sorpresivo ingreso. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseveró que no tenía información sobre
las razones del ingreso al suelo tico.
"El mismo (sic) se encuentra bajo situación de monitoreo y estamos a la espera de información
oficial de la Policía Internacional ( Interpol) para proceder como en derecho corresponda", manifestó.
Hasta ayer, dijo, no existía ninguna orden de captura internacional contra esta persona.
Las autoridades declinaron revelar el sitio donde permanece Aponte. Tampoco aclararon si se encuentra
solo o con su familia, en algún hotel o si ocupa alguna residencia con personas conocidas.
Ni la Cancillería ni Migración han recibido solicitudes de alguien con su nombre para asilo político,
refugio o residencia.
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